Santo Domingo. El presidente Luis Abinader informó que el Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional una propuesta de modificaciones al Código Penal y a la normativa que regula la libertad de expresión, tras varias semanas de diálogo con representantes de medios de comunicación, juristas y organizaciones de la sociedad civil.
De acuerdo con el mandatario, el propósito de la iniciativa es fortalecer la protección de derechos como el honor, la intimidad y la dignidad de las personas, manteniendo al mismo tiempo las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
Abinader recordó que el país ha obtenido posiciones destacadas en mediciones internacionales sobre libertad de prensa, aunque señaló que el crecimiento de las redes sociales y el uso de plataformas digitales ha generado nuevos retos relacionados con la difusión de información y la protección de los derechos individuales.
El presidente explicó que las modificaciones fueron construidas mediante un proceso de consenso entre distintos sectores y que el documento ya fue depositado en el Congreso para su conocimiento antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, prevista para el próximo 3 de agosto.
Asimismo, admitió que tanto el Gobierno como otros actores pudieron iniciar estas conversaciones con mayor anticipación, aunque destacó que finalmente se alcanzó un acuerdo mayoritario para presentar los ajustes.
Durante sus declaraciones, Abinader también reiteró su disposición al diálogo con los diferentes sectores políticos y sociales, asegurando que la búsqueda de consensos ha sido una de las características de su gestión.
En respuesta a las críticas que califican la propuesta como una posible «ley mordaza», el jefe de Estado rechazó esa interpretación y afirmó que las modificaciones buscan preservar el equilibrio entre el derecho de la ciudadanía a expresarse libremente y la protección de la reputación y la vida privada de las personas.
El mandatario sostuvo que las críticas fortalecen la democracia y aseguró que su interés es dejar garantizadas las libertades públicas más allá de su período de gobierno.
