En los últimos años, el Congreso Nacional ha demostrado disposición para modificar marcos legales y cumplir con sentencias del Tribunal Constitucional (TC), como ocurrió con el Código Procesal Penal y la normativa de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Sin embargo, esa misma voluntad no se ha reflejado en la regulación de las candidaturas independientes, un tema que permanece estancado pese a un mandato claro del alto tribunal.
Mediante la sentencia TC-0788/24, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las disposiciones de la Ley Electoral que regulaban las candidaturas independientes y fijó criterios para su adecuación conforme a la Constitución, eliminando trabas consideradas desproporcionadas a la participación política. La responsabilidad de legislar nuevamente quedó en manos del Congreso.
No obstante, el debate político se impuso. En el tramo final del análisis legislativo, la comisión de diputados que estudió la iniciativa, presidida por Elías Wessin Chávez, optó por emitir un informe desfavorable, cerrando el paso a una regulación que habilitara las aspiraciones independientes.
Esta decisión dejó en un “limbo legislativo” el proyecto de ley elaborado por la Junta Central Electoral (JCE), que proponía un marco regulatorio para asociaciones cívicas constituidas con fines de postulación de candidaturas independientes, con miras a las elecciones de 2028. Aunque el informe fue emitido en julio de 2025, el proyecto no ha sido conocido ni votado por el Pleno de los 190 diputados.
Los legisladores argumentaron que la Constitución, específicamente el artículo 216, establece que la participación política debe canalizarse a través de los partidos, cerrando así las puertas a candidaturas sin respaldo partidario, pese a la exhortación del Tribunal Constitucional.
Al ser cuestionado, el diputado Wessin Chávez defendió la postura de la comisión, señalando que se trató de una decisión soberana, recordando que todo proyecto legislativo solo puede ser aprobado o rechazado por mayoría.
