La defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero solicitó este viernes al tribunal la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, conforme a la Constitución, el Código Procesal Penal y la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional.
El incidente fue presentado por el abogado Eduardo Núñez, quien sostuvo que el proceso se inició en noviembre de 2020, cuando se impuso una alerta migratoria o impedimento de salida del país sin orden judicial, constituyendo la primera afectación real a los derechos fundamentales del imputado. La defensa indicó que dicha afectación se consolidó en febrero de 2021 con la primera citación ante el Ministerio Público.
Desde cualquiera de esas fechas, han transcurrido más de cinco años, mientras el expediente aún se mantiene en etapa preliminar, lo que —según la defensa— viola el plazo razonable del proceso, criterio reiterado de forma constante por el Tribunal Constitucional y considerado doctrina vinculante.
Los abogados presentaron documentos oficiales, actuaciones procesales y precedentes constitucionales para sustentar su solicitud. Entre las pruebas figura la evidencia de la alerta migratoria impuesta en 2020 sin orden judicial, lo que, a su juicio, fija el inicio real del cómputo del plazo.
Además del argumento procesal, la defensa afirmó que los hechos imputados carecen de sustento material, señalando que los pagos cuestionados corresponden a obligaciones legales del Estado, debidamente registradas, incluyendo expropiaciones ordenadas por sentencias judiciales y un pago interinstitucional al Banco de Reservas que no generó pérdida ni beneficio personal.
Finalmente, destacaron la conducta procesal intachable de Guerrero, quien ha comparecido a todas las citaciones y colaborado con el proceso, aspecto reconocido por instancias superiores al modificar medidas de coerción al descartar riesgo procesal.
