La directora del programa Supérate, Mayra Jiménez, explicó que las más de 300 desvinculaciones registradas recientemente en la institución no fueron ejecutadas durante su gestión, sino que forman parte de un proceso previo de fusión y reestructuración institucional iniciado meses antes de su designación en enero pasado.
Jiménez detalló que la reducción de personal responde a la integración de funciones duplicadas tras la aplicación de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial y la Ley 345-22 de Regiones Únicas de Planificación, lo que implicó pasar de 16 a 10 direcciones regionales. Este cambio impactó directamente la nómina, especialmente en áreas operativas y de coordinación territorial.
Según explicó, los empleados desvinculados estaban clasificados como “personal eventual” y laboraban en distintas direcciones, programas y regionales del país, con salarios que oscilaban entre RD$8,000 y RD$75,000. Entre las áreas más afectadas figuran Comunicaciones, Superación Económica, Niñez y Adolescencia, Operaciones y programas como Cero Hambre y Comercio Solidario.
La funcionaria aclaró que, aunque le correspondió firmar la efectividad administrativa de la exclusión de nómina —un trámite que se realiza el mes siguiente al despido—, no ordenó ni ejecutó las cancelaciones. “El proceso ya estaba en marcha cuando asumí el cargo”, subrayó.
Respecto a la Dirección de Comunicaciones, Jiménez indicó que esta se encuentra en plena reestructuración, con el objetivo de desconcentrar personal del Gran Santo Domingo y fortalecer equipos mínimos en el interior del país. La actual directora del área, Carolina Acuña, negó categóricamente versiones sobre cancelaciones de embarazadas o personas con discapacidad, las cuales fueron desmentidas oficialmente.
La dirección de Supérate aseguró que los ajustes buscan adecuar la institución a una estructura más eficiente, alineada con sus nuevas funciones y necesidades operativas.
