La nueva Ley de Contrataciones Públicas (47-25) entra en vigencia este miércoles 28 de enero, tras cumplirse los 180 días de su promulgación, sustituyendo la antigua Ley 340-06 del año 2006. La normativa amplía significativamente el marco legal, pasando de 80 a 248 artículos, con el objetivo de fortalecer el control, la transparencia y la eficiencia en el uso de los fondos públicos.
Uno de los aspectos más relevantes de la ley es la incorporación de penas de hasta cinco años de prisión para funcionarios y legisladores que negocien con el Estado, así como sanciones penales y económicas para empresarios y contratistas que incurran en prácticas corruptas. El artículo 234 establece además multas de entre 20 y 50 salarios del sector público.
La ley fue promulgada por el presidente Luis Abinader, junto a Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, el 28 de julio de 2025. Su alcance institucional se amplía para incluir al Poder Judicial, el Poder Legislativo, órganos constitucionales y autónomos, fideicomisos públicos, empresas estatales y corporaciones que administran fondos públicos.
En materia de digitalización, la Dirección General de Contrataciones Públicas administrará la plataforma oficial Tienda Virtual, que centralizará los bienes y servicios que adquieran las instituciones del Estado. Además, el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas será de uso obligatorio para todas las etapas del proceso, desde la planificación hasta el pago y liquidación de los contratos.
Con esta reforma, el país avanza hacia un sistema de compras públicas más moderno, transparente y con sanciones reales frente a la corrupción.
