La Cámara de Diputados aprobó de urgencia un proyecto de ley especial que busca saldar deudas históricas del Estado dominicano con contratistas por obras ejecutadas y servicios prestados, algunas de ellas desde el año 1966.
La legislación establece que el Estado mantiene contratos informales pendientes de pago con 571 personas y empresas, de las cuales 95 corresponden a obras públicas y 476 a mantenimientos correctivos realizados para el Ministerio de Educación. Aunque el texto legal no detalla el monto global a pagar, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), entidad que elaboró el proyecto, estima la deuda en alrededor de RD$2,000 millones.
Los contratos pendientes se distribuyen entre varias instituciones públicas. Entre ellas figuran el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Instituto Nacional de Aguas Potables, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial y, en mayor proporción, el Ministerio de la Vivienda, que heredó compromisos de entidades ya desaparecidas como la Oisoe y el Invi.
También se incluyen deudas puntuales del Ayuntamiento del Distrito Nacional, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) y la Junta Central Electoral.
Entre los contratistas con mayores montos pendientes figuran Wagner Manuel Mosquea, Arturo Aníbal Rincón y Miguelina Rincón Santana, según detalla el informe que acompaña el proyecto, el cual incluye los nombres de los beneficiarios y las obras ejecutadas, aunque sin precisar el pago individual que corresponderá a cada uno.
La ley solo espera su promulgación para iniciar el proceso de pago y cerrar uno de los capítulos más extensos de deudas acumuladas del Estado dominicano.
