El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, reiteró este lunes su posición a favor de que la exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para los asalariados sea ajustada hasta los RD$52,000 mensuales, al considerar que ese es el monto que corresponde conforme a las disposiciones establecidas en el Código Tributario.
A través de una nota de prensa y un material audiovisual difundido en sus plataformas, el legislador de la Fuerza del Pueblo sostuvo que cualquier ajuste inferior representaría un cumplimiento parcial de la normativa vigente y mantendría una distorsión que, según afirma, perjudica a miles de trabajadores dominicanos.
“Sería un mal legislador si promuevo que la ley se cumpla a medias”, expresó Fernández al referirse a las propuestas de ajustes fiscales que actualmente se discuten en el país.
Aunque valoró algunos aspectos del plan económico presentado por las autoridades, insistió en que la indexación debe aplicarse conforme a lo establecido en la legislación y no mediante ajustes parciales.
El senador explicó que la propuesta oficial contempla un aumento de aproximadamente RD$5,000 en el umbral exento del ISR. Sin embargo, aseguró que el desfase acumulado desde 2018 supera los RD$17,000, razón por la cual entiende que el límite exento debería elevarse hasta los RD$52,000 mensuales.
Para ilustrar el impacto de la medida, Fernández señaló que un trabajador con ingresos de RD$50,000 al mes continuaría pagando alrededor de RD$18,000 anuales en impuestos si no se realiza la indexación completa. Asimismo, afirmó que una persona con ingresos de RD$75,000 mensuales aportaría cerca de RD$32,000 al año al Estado.
La discusión sobre este tema podría tener un nuevo capítulo este 17 de junio, cuando el Tribunal Constitucional conozca un recurso de inconstitucionalidad relacionado con la alegada omisión de la indexación del impuesto sobre la renta.
El debate ha generado interés entre economistas, empresarios, trabajadores y actores políticos, debido a las implicaciones que tendría tanto para los contribuyentes como para las finanzas públicas del país.
La decisión que adopten las autoridades y los tribunales podría influir directamente en la carga tributaria de miles de asalariados dominicanos y reavivar la discusión sobre la necesidad de una reforma fiscal integral.
