El nuevo reglamento sobre encuestas electorales emitido por la Junta Central Electoral ha generado un amplio debate jurídico y político en República Dominicana, luego de que diversos sectores cuestionaran si el organismo tiene facultad legal para limitar la publicación de encuestas fuera del período oficial de precampaña y campaña electoral.
La discusión surgió luego de que la JCE estableciera restricciones para la difusión de estudios electorales antes del inicio de la precampaña, pautada para julio de 2027. Sin embargo, críticos aseguran que esa limitación no está contemplada expresamente en la ley y que el organismo estaría excediendo sus funciones reglamentarias.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó que el debate no se centra únicamente en si la JCE puede regular las encuestas, sino en si puede imponer restricciones que afectan derechos fundamentales mediante un reglamento y no a través de una ley aprobada por el Congreso Nacional.
Según Finjus, la Ley 20-23 de Régimen Electoral solo prohíbe la publicación de encuestas durante los ocho días previos a las elecciones, por lo que extender la prohibición por más de un año equivaldría a crear una nueva restricción no contemplada por el legislador.
La entidad recordó además que el Tribunal Constitucional ha establecido en varias sentencias que los reglamentos tienen una función subordinada frente a la ley y no pueden excederla ni contradecirla.
En decisiones anteriores, el Tribunal Constitucional sostuvo que la potestad reglamentaria no se presume y que cualquier reglamento que limite derechos fundamentales sin respaldo legal podría ser declarado nulo por violar la supremacía constitucional.
El debate ya comenzó a tener efectos prácticos. El periodista Danny Alcántara anunció que publicará una encuesta electoral elaborada para sus medios pese a la entrada en vigencia del reglamento, argumentando que la resolución es ilegal y contraria a la Constitución y las leyes electorales.
Por su parte, abogados como Olivo Rodríguez Huertas y Julio Cury sostienen que el problema no radica en regular las encuestas, sino en que la JCE habría incorporado restricciones no previstas en la legislación vigente.
Expertos también advierten que una prohibición prolongada podría generar desigualdad informativa, ya que los actores políticos continuarían utilizando encuestas de manera interna mientras la ciudadanía quedaría excluida del acceso a esos datos.
El tema continúa generando reacciones en sectores políticos, jurídicos y mediáticos, en medio de un debate que enfrenta regulación electoral, libertad de información y límites constitucionales.
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