Bolivia atraviesa una de las crisis sociales y políticas más tensas de los últimos años, marcada por protestas masivas, bloqueos, escasez de productos básicos y crecientes presiones para que renuncie el presidente Rodrigo Paz Pereira.
Las movilizaciones iniciaron con reclamos salariales impulsados por la Central Obrera Boliviana, que exigía un aumento del 20 %, pero rápidamente escalaron hacia demandas políticas contra el gobierno nacional.
En las protestas participan docentes, transportistas, organizaciones sindicales y grupos indígenas que mantienen al menos 15 puntos de bloqueo activos en la ciudad de La Paz y sus alrededores.
La situación ha provocado dificultades en el abastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos, generando preocupación entre la población y las autoridades.
Ante la crisis, el gobierno intentó establecer un “corredor humanitario” mediante un operativo policial y militar para garantizar la entrada de suministros esenciales.
Sin embargo, la medida provocó fuertes enfrentamientos con manifestantes que respondieron lanzando piedras y utilizando cargas de dinamita, lo que obligó al Ejecutivo a retroceder para evitar un “derramamiento de sangre”.
Según reportes de la Defensoría del Pueblo, las protestas han dejado hasta el momento al menos 47 personas detenidas y cinco heridas.
La crisis también ha generado reacciones internacionales. El gobierno de Donald Trump, a través de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental, condenó lo que calificó como un “intento de desestabilización” contra el gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz Pereira.
Por su parte, Argentina anunció el envío de dos aviones Hércules con ayuda humanitaria para apoyar a la población afectada por la escasez y las tensiones sociales.
La situación mantiene en alerta a distintos sectores internacionales ante el temor de un mayor deterioro político y económico en Bolivia.
