La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha optado por una estrategia que prioriza la estabilidad política frente a la presión de Donald Trump, quien insiste en una intervención directa de fuerzas estadounidenses para combatir a los cárteles mexicanos.
Aunque el narcotráfico sigue siendo una amenaza central, el problema —según analistas— no se limita a organizaciones criminales externas al Estado. En múltiples regiones, los grupos delictivos operan integrados a redes de poder local, con vínculos que alcanzan alcaldías, gobernaciones y estructuras partidarias, incluidas figuras de Morena, el partido oficialista.
Sheinbaum ha mostrado un enfoque más firme que su antecesor en materia de seguridad: desplegó miles de tropas en la frontera con Estados Unidos, facilitó extradiciones de presuntos líderes criminales y su gobierno reporta una reducción en la tasa de homicidios. Sin embargo, evita un discurso de confrontación total que podría detonar una escalada de violencia y fracturar su propia coalición política.
Con Trump presionando desde Washington y un sistema interno marcado por la colusión histórica entre crimen y política, Sheinbaum camina por una línea delicada: contener el poder del narco sin provocar un colapso institucional ni abrir la puerta a una intervención extranjera.
