Los abogados del exministro de Hacienda Donald Guerrero afirmaron que el desembolso de RD$21 mil millones realizado en 2020 al Banreservas fue una operación plenamente legal, de carácter interinstitucional y sin transferencias de recursos a contratistas.
De acuerdo con el abogado Eduardo Núñez, el pago se efectuó desde el Ministerio de Hacienda al Banco de Reservas como parte del Programa de Financiamiento a Contratistas y Proveedores, vigente desde 2003, cuyo objetivo era garantizar la continuidad de obras públicas mediante adelantos financieros gestionados exclusivamente por la entidad bancaria.
La defensa explicó que Guerrero no creó, administró ni operó dicho programa y que la operación fue autorizada por la Junta Monetaria y ejecutada conforme a las leyes 99-01 y 567-05. Además, señalaron que el desembolso no representó una pérdida para el Estado, sino que fue registrado oficialmente como una reducción de pasivos públicos.
Los abogados subrayaron que toda la transacción está documentada en los registros oficiales del Estado, incluyendo el ERIR 2020, el SIGEF y la contabilidad pública, lo que —a su juicio— descarta cualquier narrativa de fraude, lavado de activos o enriquecimiento ilícito.
Finalmente, indicaron que estos argumentos técnicos y documentales serán presentados ante el tribunal correspondiente para sustentar que el pago fue una obligación institucional del Estado y no una acción irregular, reiterando que “no ejecutar este desembolso habría implicado violar la ley”.
