El régimen de Irán anunció la aceleración de los procesos judiciales contra manifestantes arrestados durante la ola de protestas iniciada el pasado 28 de diciembre, en un contexto de creciente alarma internacional por ejecuciones programadas contra opositores al gobierno.
El jefe del Poder Judicial iraní, Gholamhosein Mohseni Ejei, aseguró que los tribunales llevarán a cabo juicios rápidos, según informó la televisión estatal. Sus declaraciones se produjeron durante una visita a una prisión, donde afirmó que el sistema judicial debe actuar “con rapidez” frente a los detenidos por los disturbios.
La preocupación internacional se ha centrado en el caso de Erfan Soltani, un joven de 26 años condenado a muerte por el cargo de “moharebeh” —“guerra contra Dios”—, una figura penal contemplada en la legislación iraní. Amnistía Internacional exigió al régimen iraní la suspensión inmediata de todas las ejecuciones, mientras que Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que una primera ejecución estaría programada para este miércoles.
Las cifras de víctimas mortales varían ampliamente según las fuentes. El grupo Human Rights Activists News Agency (HRANA) reporta al menos 2,571 muertos, mientras que Iran Human Rights sitúa la cifra en 734 fallecidos, aunque advierte que el número real podría ser de varios miles. Un funcionario iraní reconoció por primera vez una cifra global cercana a 2,000 muertos, atribuyendo las muertes a supuestas acciones terroristas apoyadas desde el extranjero.
Desde Washington, el presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos “actuará de manera muy firme” si se inicia una campaña de ejecuciones, señalando que mantiene abiertas todas las opciones, incluida la militar. Paralelamente, se anunció el endurecimiento de sanciones y restricciones comerciales contra Teherán.
Las protestas, inicialmente motivadas por el aumento del costo de vida, evolucionaron rápidamente hacia un movimiento antigubernamental que representa el mayor reto para el régimen encabezado por el líder supremo Ali Khamenei desde la revolución islámica de 1979. El bloqueo prolongado de internet, que ha dificultado la verificación independiente de los hechos, y la represión violenta han intensificado la presión diplomática y humanitaria sobre Irán, mientras la comunidad internacional exige el fin inmediato de las ejecuciones y de la violencia estatal.
