Ya entró en vigor en Estados Unidos el impuesto del 1 % a las remesas enviadas mediante efectivo, giros postales o cheques, una medida incluida en el proyecto de ley One Big Beautiful Bill, que excluye las transferencias electrónicas y los envíos realizados por ciudadanos estadounidenses a través de bancos o tarjetas emitidas en ese país.
El impuesto comenzó a aplicarse el pasado 1 de este mes y ha generado controversia, debido a que una parte importante de los migrantes —especialmente los indocumentados— no cuenta con acceso al sistema bancario estadounidense, por lo que utiliza canales tradicionales para enviar dinero a sus familiares.
De acuerdo con la empresa especializada en envíos de dinero Wise, la medida podría afectar a estudiantes internacionales, migrantes y personas no estadounidenses que dependen del efectivo para realizar transferencias regulares al exterior.
Además de México, que ya anunció una tarjeta bancaria especial para mitigar el impacto en sus ciudadanos, la medida afectará a migrantes de India, Filipinas, China, América Latina y el Caribe, incluyendo a República Dominicana.
Según el economista del Banco Mundial, Dilip Ratha, Estados Unidos es el principal país emisor de remesas hacia América Latina y el Caribe, recursos que resultan vitales para millones de hogares, especialmente en contextos de crisis y catástrofes.
En el caso dominicano, el Center for Global Development estima que la aplicación del impuesto podría provocar una reducción anual de hasta US$234 millones en remesas. Estas transferencias representan cerca del 10 % del PIB nacional y benefician a más de 400,000 hogares, equivalente al 11.8 % del total.
Expertos locales consideran que el impacto podría ser marginal si las empresas de envío asumen el costo del impuesto o si se promueve el uso de billeteras digitales, consideradas por el Fondo Monetario Internacional como la forma más económica de enviar remesas.
No obstante, analistas advierten que el mercado de remesas continúa altamente concentrado y limitado por regulaciones contra el lavado de dinero, lo que dificulta la competencia y el acceso de nuevas plataformas fintech.
La medida obliga además a los proveedores de remesas a reportar al IRS, recaudar el impuesto y transferirlo trimestralmente al Departamento del Tesoro, mientras que los ciudadanos estadounidenses podrán reclamar un crédito fiscal equivalente al impuesto pagado.
El nuevo gravamen abre un debate regional sobre migración, inclusión financiera y el impacto de las políticas fiscales en economías altamente dependientes de las remesas.
